El representante de tres empresas de telefonía (Tigo, Movistar y Claro), Sr. Ricardo Sagastume, ha sido enfático en sus declaraciones sobre la iniciativa de ley que busca frenar el robo y comercialización ilícita de teléfonos celulares. Aquí su sentencia: “Sería fatal para el país” (elPeriódico, 10 de agosto 2013).
De lo anterior, dos cosas me quedan claras. Primero,
que para las telefónicas el tsunami criminal que causa luto, dolor,
pérdida de propiedad y sicosis social no alcanza el nivel de fatal. La
fatalidad está en el porvenir, y las telefónicas nos protegen de ella,
según las declaraciones de su representante.
Segundo, que las empresas son capaces de trabajar unidas. Si no, no tendrían un mismo representante.
De manera que si conseguimos ponernos de acuerdo en un concepto de fatalidad, podemos avanzar.
Es realmente fatal que un país entregue gratuitamente,
sin más ni más, la concesión para explotar las frecuencias de tan
lucrativo negocio (¿acaso no es la base de la fortuna del hombre más
rico del mundo?). Y agrega a la fatalidad si esto se consigue a base de
coimas, financiamientos e incentivos bajo la mesa. Eso sería fatal pero
según declaraciones oficiales, ese problema no existe en Guatemala.
Siendo justo con las telefónicas, también sería fatal
si legos en la materia legislaran un tema tan especializado y complejo.
Estamos habituados a que legisladores tengan por herramienta vital
“cortar y pegar” en el procesador de texto, usando lo que ande por ahí.
¿Recuerdan que la ley de Tránsito pedía que quienes estuvieran
aprendiendo a manejar exhibieran en la ventanilla del vehículo una letra
L? Tal originalidad no provenía sino de la ley de los Estados Unidos,
donde se indica que quien conduce está en el proceso “Learning”.
No sabemos qué tan fatal pueda ser la propuesta
de ley. Lo que sí es fatal es que en el escenario del teatro de la
muerte se tenga que jugar al ratón y al gato con las telefónicas. Ellas
no quieren la introducción de ninguna iniciativa legal que les ponga
controles u obligue a revelar información útil a la competencia, y el
Gobierno tiene la presión de la población, que se siente fatal, que vive
fatal, que muere fatal y que fatalmente es extorsionada mediante
aparatos y números anonimizados.
Así que entre la fatalidad de −Dios nos guarde−,
violar la ley de Telecomunicaciones o la de extender nuestra violenta y
desesperanzada fatalidad, prefiero arriesgar por lo primero. Al cabo que
no me convence el concepto de fatalidad que han abrazado las
telefónicas quienes, claro, están siempre contigo, tratándote como a una
movistar.
Existen vías alternas, pero de nada sirve si no hay interés del ratón ni del gato.
Con su conocimiento profundo de la tecnología, sus
expertos de clase mundial, sus conexiones globales, las telefónicas sí
que saben cómo resolvernos el problema. Sólo falta que quieran.
No necesitan leyes para crear nuevos servicios al
consumidor y se rigen por una ley de Telecomunicaciones que fue
encargada un poco guanga, así que el reto no es imposible. Sólo falta
que quieran.
Los gobiernos hay jugado y hecho negocios con la
ciudadanía adquiriendo equipos de bloqueo de señal que se descomponen
misteriosamente, se apagan solos, permiten bloqueos parciales y muchos
etcétera. Eso también es algo que las telefónicas podrían solucionar
pues son las propietarias de la tecnología. Sólo falta que quieran.
Así que ahí está la tercera vía. Telefónicas: si no
desean que se creen incómodas leyes o se afecten las cómodas ya
existentes, implementen unilateralmente las soluciones tecnológicas que
resuelvan nuestro fatal problema. Nadie puede hacerlo mejor que ustedes.
Sólo falta que quieran.
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