¡Joer con ustedes, medios de comunicación!

Publicado en el diario digital PlazaPública el 19 de noviembre de 2013.

¿Quién suscribe esta petición a los directores de medios de comunicación y propietarios de empresas de publicidad?

A quien le vista y calce:
Queremos que sepan que estamos hartos de su ofensivo descaro o desvergonzado disimulo.

Ustedes son cómplices de una flagrante violación a la ley Electoral y de Partidos Políticos, que en el artículo 69 de su correspondiente reglamento indica:  “La propaganda y encuestas electorales, sólo serán permitidas desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones y hasta treinta y seis horas, antes de celebrarse las mismas”.

 La campaña anticipada trae bajo el brazo una variada lista de resultados perjudiciales para la democracia, gobernabilidad y construcción del Estado de Derecho.  En primer lugar, encarecen los costos, lo que da lugar a la irrupción de capitales obscuros en el financiamiento de los partidos políticos.

Los partidos con más capital (es decir, los partidos más intervenidos por los intereses mafiosos y de grupos de interés excluyente y egoísta) tienen ventajas sobre los partidos en pobreza económica.
 
Los candidatos no sienten presión por presentar sólidas propuestas políticas, pues saben que lo que importa es vender una fachada, un producto, un avatar político.  Consiguen votos a base de exposición prolongada del público a ese artificio, a la mentira alevosa y premeditada.

La contaminación ambiental con vallas publicitarias hace de Guatemala un país motivo de burla en el exterior.  Lo que ustedes hacen es “pasearle la otra” por toda la cara a la ley.

La complicidad de ustedes, medios de comunicación impresa, radial y televisiva; así como la de ustedes, propietarios de empresas de publicidad callejera, constituye un lastre para el desarrollo político y democrático de este país.

Quizá deban saber que los eslóganes asociados a sus empresas se convierten en algo vacío, en pura retórica barata.

¿Por qué lo hacen?  Parece claro.  Algunos han sido literalmente comprados, adquiridos en propiedad por los partidos, los candidatos o sus partidarios.  Reparten noticias como tapaderas del sándwich, pero la carne es la representación de los intereses de sus candidatos/patrones/mecenas, así como la desacreditación de la competencia.  Para ello, utilizan columnistas de alquiler, oportunistas esperanzados o bobos ilustrados.  También están sus reporteros, quizá víctimas de amenazas, o simples peones que reciben órdenes “de arriba”.  Varios de ustedes son financiados completa y desvergonzadamente con fondos públicos.

En el caso de las vallas, es simple y llana ambición por el dinero y desprecio por la ley.

Decir que es la única manera de sobrevivir o competir es lo mismo que afirmar que en Guatemala, para salir adelante,  solo valen los medios torcidos.

No nos intoxiquen más con sus anuncios publicitarios disfrazados de noticia, notas editoriales o la descarada presentación de candidatos antes de que la campaña inicie oficialmente.

Guatemala necesita del aporte de toda la ciudadanía.  Ustedes contribuyen a formar opinión, no destruyan la esperanza de contar con una democracia legítima y un sistema de partidos políticos sano. 

Mientras persistan en sus prácticas ilegales, cada gobierno que asuma estará ya hipotecado hasta los cimientos.  No sean cómplices del despojo de nuestros derechos humanos a la educación, salud, alimentación y protección, pues ya sabemos que los gobiernos se inauguran ya comprometidos con los financistas y que los ámbitos de compromiso son muy amplios: compras y contrataciones de bienes y servicios, administración de justicia, gobernabilidad, soberanía.

Por supuesto, sabemos que todo lo anterior es de su amplio conocimiento pero que no les importa.  Por este medio les decimos que también es de nuestro conocimiento, y que para nosotros sí importa.

Sí a la intervención en aduanas

Artículo en PlazaPública, edición del 3 de noviembre de 2012.

Las aduanas nacionales no son foco sino punto neurálgico de la corrupción.  Desde hace años han sido la presa favorita, el elote más grande y tierno del canasto.  Para aprovechar las fortunas particulares que pueden forjarse, ha sido oportuno organizarse en grupos tipo sociedad secreta, con todo y ritos especiales.  ¡Vamos!  Seamos claros.  Cárteles es el nombre correcto.

Recuerdo que durante el gobierno de Vinicio Cerezo fui a visitar a un ex –colega que se había pasado a trabajar al sistema aduanero.  Mientras conversábamos, varias personas llegaron a su oficina, le entregaban una tarjetita, explicaban que venía de parte de zutano o mengano y en respuesta, él sacaba un sello de hule, de esos que se les compran a los niños.  Tenía osos, perros, leones, caritas.  Escogía uno y lo estampaba en la parte trasera de la tarjeta.  Vaya con fulano de tal, y le entrega esto.

No pregunté ni él me ofreció explicación alguna.  Estampaba diferentes figuras.  ¿Prioridad? ¿Tarifa que debía aplicarse?  No podía ser nada bueno.  

En opinión de quien escribe, durante el gobierno de Vinicio Cerezo se crearon las condiciones para que los militares poderosos pasaran de usar el sistema para apropiarse legalmente de grandes extensiones de tierra (FTN, Petén) y se convirtieran en empresarios,  actuando al amparo de privilegios.  Más tarde se profundizaría en  los negocios sucios, como las drogas, trata de blancas, tráfico de armas propias y ajenas, etcétera.  Una anécdota oportuna: por su conocida honradez, el presidente Idígoras, si bien recuerdo, le ofreció a mi abuelo, el teniente coronel Manuel Ángel Ponce Amézquita,  el puesto de Director General de Aduanas, al lo que él  respondió: “No, esa es una cueva de ladrones.  Vos sabés que no soy como ellos y cuando salga del puesto la gente no va a creer que no güevié, terminaría metiéndole un tiro a alguien.  Mejor déjame fundar la Escuela Nacional de Educación Física”.  Como mi abuelo, hay muchos militares horados, jubilados y en servicio.  

Los medios de comunicación han abundado en comentarios alrededor de la Red Moreno y cómo él era apenas un peón del juego.  No se necesita decir más para saber que Aduanas sigue siendo un jugosísimo premio y que algunos militares han sido clave para blindar el sistema contra los controles.  De ahí que algunos pensemos, sin evidencia suficiente para montar causa, que estamos presenciando un intento de relevo en el control del negocio.  Mención especial debe ir a los empresarios que basan en el manejo de sistemas corruptos su permanencia e irrupción en las listas de ricos y poderosos.

Es claro que se necesita una intervención del sistema, pero no la que se ha estado planificando.  Necesitamos la intervención de un Presidente con carácter, un patriota, alguien que haga compromisos y no promesas.  Un líder del siglo, mejor si con antecedentes en inteligencia militar y buenas conexiones con el sector privado honesto para tener mayor acceso a la información sobre corruptos y corruptores.  Alguien con mano dura contra la corrupción, venga de donde venga.  Un Presidente tal rompería cualquier compromiso en mala hora adquirido con amigos y financistas de campaña y cambiaría los mandos medios y altos en el sistema, asegurándose de poner personal seleccionado por méritos éticos y profesionales.  No permitiría el tráfico de influencias, las recomendaciones de diputados, miembros del partido (así se trate de la mismísima cúpula), amigos, colegas y ex –colegas.  Demandaría al Congreso una Ley de Servicio Civil, para garantizar un buen sistema de selección y promoción de personal.  Haría de las aduanas un tema de carrera y no de oportunidad para el enriquecimiento.   Usaría la información de inteligencia para desarticular las estructuras que han tenido al sistema como rehén desde hace muchos años.  Lo lindo de esto es que no necesitaría de leyes ni medidas controversiales y tendría el apoyo total de la ciudadanía.

Medias verdades son medias mentiras, Presidente.

Artículo publicado en PlazaPública el 7 de octubre de 2013.

 Con ocasión del discurso presidencial en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se informó al mundo del éxito (sin precedentes universales) en la reducción por mitad de la mortalidad infantil por desnutrición en tan solo unos  meses.

Esta manipulación política de datos incompletos y de dudosa validez resulta desmoralizante.

Existe  un marco conceptual para explicar la desnutrición y su consecuencia fatal, la mortalidad.  Dicho marco está bien recogido en la lista de componentes del subprograma Ventana de los Mil Días, del programa Hambre Cero.  Eso incluye acciones de saneamiento ambiental, educación nutricional, alimentación complementaria y terapéutica, aumento de los servicios de salud, desparasitación, vacunación y reducción de la anemia en mujeres embarazadas.

Así que no se puede anunciar una reducción de la mortalidad infantil por desnutrición (olvidándose de la mortalidad materna) sin demostrar los avances en el control de sus causas. En este momento, ni se ha arrancado con todos los componentes de manera coordinada, ni se cuenta con indicadores que midan los resultados.  ¿A cuenta de qué se da un salto cuántico y resulta que hay una reducción de 50 porciento?  Para que se entienda mejor la expresión, se cita a la Wikipedia: “En física, un salto cuántico es un cambio abrupto del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. El nombre se aplica a diversas situaciones. La expresión salto se refiere a que el fenómeno cuántico contradice abiertamente el principio filosófico repetido por Newton y Leibniz de que Natura non facit saltus ('La naturaleza no procede a saltos')”.

Peor aún, no habrá salto ni de párrafo si no se entiende de una buena vez que los programas como Hambre Cero no son para capitalización política, que fotografiarse al lado de niños desnutridos es abuso infantil y que andar haciendo de Santa Claus contra el hambre es señal de no haber comprendido  el problema, menos las soluciones.

Otra media verdad es decir que las nuevas disposiciones de tránsito van a combatir la delincuencia.

Con la claridad de un medio día soleado en Zacapa, el problema es la portación ilegal de armas, su rampante tráfico y las enormes facilidades ofrecidas por comerciantes y ciertas instituciones del Estado para adquirir municiones de todo tipo.

¿De qué manera los chalecos anaranjados (que  recuerdan a los presidiarios en cárceles de los Estados Unidos) y la circulación restringida van a solucionar la incapacidad de Policía y Ejército para controlar armas y municiones? 

Es cierto que las nuevas disposiciones pueden contribuir a ordenar el tráfico vehicular, pero de todo lo normado, lo único que puede servir de algo es la prohibición de colocarse al lado de vehículos detenidos.

Resulta difícil de comprender que un Gobierno con tantos asesores  no haya medido el nivel casi radioactivo de exposición al ridículo y devaluación de confianza ciudadana en materia de seguridad (compromiso, no promesa).  Si salieran a dar un paseo como ciudadanos comunes, los traficantes de negocios metidos a asesores técnicos se darían cuenta del golpe a la gobernabilidad que asestan las medidas que no pueden hacerse cumplir. 

Es imposible ocultar que muchas malas crianzas de motociclistas se deben a que  en este país no hay escuelas de conducción de motocicletas.  La licencia se obtiene sin pasar los exámenes de ley.  La culpa  recae aparatosamente sobre la Policía Nacional.  Ahora se atacan las consecuencias sin tocar las causas.

También resulta brutalmente obvio que el arma secreta para hacer que se cumpla la ley es el incentivo a las PMT para hincharse de dinero a base de multas, y las amenazas (política de garrote y zanahoria).  ¿Cómo esperan que las PMT  se hagan cargo de los motoristas armados?  ¿Acaso no es ése el problema?  Ese es mandato de la PNC. El problema de los asaltos principia ahí, y pueden multar a cien mil motociclistas sin que uno solo sea sometido a control de armas.  Irresponsablemente se manda al matadero a los PMT.

Además,   ¿a quién se le ocurre que un criminal  circulará portando casco y chaleco con identificación que corresponda con la motocicleta?  Si el número del chaleco debe ser visible a cinco metros, lo mismo debe ser para el número de placa, pues estos deben coincidir (previo a iniciar persecución legal del infortunado propietario de la motocicleta cuyo número de placa fue clonado por los delincuentes).

Prohibir que los motociclistas se desplacen entre carriles cuando el tráfico de autos está detenido (me refiero a circular sin riesgo propio o para otros) solo empeora los atascos. También tiene costos económicos enormes por el retardo de entregas y trámites asignados a los motoristas porque llegan más rápido que un auto.    Lo que debe ser prohibido y sancionado sin demora es detenerse al lado de un vehículo, por el riesgo de asalto que representa gracias a la ineficiencia gubernamental en el control de armas y municiones.

Una última media verdad y media mentira que resulta pertinente: medios de comunicación se somatan el pecho y rasgan las vestiduras en nombre de la Democracia, mientras son cómplices de la impunidad y violación de la Ley al publicar las actividades de campañas políticas anticipadas (incluyendo al PP).  No se hagan los mensos.  Apaguen la luz, a ver si alguien se entera más allá de los carteles. 

No lo dejan ni defenderse

No lo dejan ni defenderse.

 Artículo publicado en el periódico digital PlazaPública el 12 de septiembre de 2013.

El comportamiento de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (RENAP) ha sido noticia negativa casi desde su fundación.

Yo no conozco a su actual Director Ejecutivo, ingeniero Rudy Gallardo.  No puedo emitir juicios sobre su comportamiento a raíz de la publicitada participación de once funcionarios en un fallido festival folclórico en Las Vegas, Nevada.

La verdad es que al leer sus declaraciones públicas, la percepción deja sabor a centavo viejo.  “"Viajaré las veces que sean necesarias. Porque el RENAP necesita desarrollarse” parece una declaración de soberbia, de haré lo que se me dé la gana y qué. 

Aun así, me gustaría que Rudy Gallardo se defendiera con evidencias.  Que no se diga que los analistas nos dejamos llevar por percepciones.

Tendría que explicar por qué el RENAP ha gastado 2.72 millones de quetzales en viáticos al exterior en apenas 18 meses, especialmente porque la ley específica dice en el artículo 85: “Los Agentes Consulares de la República acreditados en el extranjero llevarán el registro de los nacimientos, matrimonios, cambios de nacionalidad y defunciones de los guatemaltecos residentes o transeúntes en los países en que aquellos ejerzan sus funciones. De cada nacimiento, defunción, matrimonio o cambio de nacionalidad que asienten, deberán notificar al RENAP para que sea ingresado a la base de datos de éste.”  La ley no dice que el RENAP deba viajar a registrar ciudadanos.  Es decir, los viajes en masa de funcionarios RENAP puede constituir una usurpación de funciones que la ley delega en los consulados.   En ningún momento se ha hablado de viajes para capacitar al personal consular (¿no sería más barato traerles a todos a Guatemala y capacitarles ahí donde se cuenta con el equipo, la tecnología y los expertos?)  Se ha dicho que el propósito de la misión era “pre-registrar personas”, una función consular, si tal procedimiento existe.

También debe tener la oportunidad de explicar por qué viajaron once funcionarios a Las Vegas.  Según resultados del censo de los Estados Unidos publicados en 2012, Nevada no forma parte de los diez estados con mayor población guatemalteca, con una gran distancia entre el primero y el décimo.  ¿Cuántos pensará enviar a California, con una población chapina más de 20 veces superior a la de Nevada?

Además, se le debe permitir aclarar qué hace el RENAP en un festival folclórico, y cómo funciona eso de pre-registrar personas, una tarea de oficinista que llegaron a ejecutar funcionarios  de gerencia.  ¿Será como el día de las hamburguesas, cuando los gerentes se ponen de gabacha?

Debe agregar alguna explicación al hecho de que los migrantes no estaban bien informados de su presencia y propósitos, según Israel Fuentes, presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos (Conguate).

Ante los ataques de la prensa, el Director Ejecutivo debe tener ocasión de explicar por qué no se dieron por enterados de que el festival había sido cancelado por el Ministerio de Cultura ocho días antes.  Para completar su caso, debe justificar por qué no usaron inmediatamente el boleto de vuelta.

Los señalados funcionarios tienen además el derecho de mostrar los resultados concretos de su misión (plan de trabajo, términos de referencia de cada participante, informe de misión, evidencias de haber alcanzado los objetivos). 

Q2.72 millones en viáticos al exterior en 18 meses es mucho dinero para un gobierno en crisis, especialmente si con ello se atropellan funciones de cancillería.   Más aún, la tarifa de viáticos parece ser la envidia de cualquier otro funcionario público y hasta de funcionarios internacionales.  ¿Cuánto recibiría, por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores?  ¿Qué hace tan diferentes a los funcionarios del RENAP?

La anterior información (de propiedad pública, anótese) debe ser presentada por el Director Ejecutivo.  La percepción es que sus jefes, los responsables de dar el buen ejemplo, tienen una norma para los descalzos y otra para los bien calzados.  Debemos otorgarle al RENAP el derecho de explicarse de manera convincente.  ¿No les parece?

¿Y si ellas no quieren?

Artículo publicado el 13 de agosto de 2013 en la columna Mentalmorfosis del diario digital Plaza Pública. 

El representante de tres empresas de telefonía (Tigo, Movistar y Claro), Sr. Ricardo Sagastume, ha sido enfático en sus declaraciones sobre la iniciativa de ley que busca frenar el robo y comercialización ilícita de teléfonos celulares. Aquí su sentencia: “Sería fatal para el país” (elPeriódico, 10 de agosto 2013).

De lo anterior, dos cosas me quedan claras. Primero, que para las telefónicas el tsunami criminal que causa luto, dolor, pérdida de propiedad y sicosis social no alcanza el nivel de fatal. La fatalidad está en el porvenir, y las telefónicas nos protegen de ella, según las declaraciones de su representante.

Segundo, que las empresas son capaces de trabajar unidas. Si no, no tendrían un mismo representante.

De manera que si conseguimos ponernos de acuerdo en un concepto de fatalidad, podemos avanzar.

Es realmente fatal que un país entregue gratuitamente, sin más ni más, la concesión para explotar las frecuencias de tan lucrativo negocio (¿acaso no es la base de la fortuna del hombre más rico del mundo?). Y agrega a la fatalidad si esto se consigue a base de coimas, financiamientos e incentivos bajo la mesa. Eso sería fatal pero según declaraciones oficiales, ese problema no existe en Guatemala.

Siendo justo con las telefónicas, también sería fatal si legos en la materia legislaran un tema tan especializado y complejo. Estamos habituados a que legisladores tengan por herramienta vital “cortar y pegar” en el procesador de texto, usando lo que ande por ahí. ¿Recuerdan que la ley de Tránsito pedía que quienes estuvieran aprendiendo a manejar exhibieran en la ventanilla del vehículo una letra L? Tal originalidad no provenía sino de la ley de los Estados Unidos, donde se indica que quien conduce está en el proceso “Learning”. 

No sabemos qué tan fatal pueda ser la propuesta de ley. Lo que sí es fatal es que en el escenario del teatro de la muerte se tenga que jugar al ratón y al gato con las telefónicas. Ellas no quieren la introducción de ninguna iniciativa legal que les ponga controles u obligue a revelar información útil a la competencia, y el Gobierno tiene la presión de la población, que se siente fatal, que vive fatal, que muere fatal y que fatalmente es extorsionada mediante aparatos y números anonimizados.

 

Así que entre la fatalidad de −Dios nos guarde−, violar la ley de Telecomunicaciones o la de extender nuestra violenta y desesperanzada fatalidad, prefiero arriesgar por lo primero. Al cabo que no me convence el concepto de fatalidad que han abrazado las telefónicas quienes, claro, están siempre contigo, tratándote como a una movistar.

Existen vías alternas, pero de nada sirve si no hay interés del ratón ni del gato.

Con su conocimiento profundo de la tecnología, sus expertos de clase mundial, sus conexiones globales, las telefónicas sí que saben cómo resolvernos el problema. Sólo falta que quieran.

No necesitan leyes para crear nuevos servicios al consumidor y se rigen por una ley de Telecomunicaciones que fue encargada un poco guanga, así que el reto no es imposible. Sólo falta que quieran.

Los gobiernos hay jugado y hecho negocios con la ciudadanía adquiriendo equipos de bloqueo de señal que se descomponen misteriosamente, se apagan solos, permiten bloqueos parciales y muchos etcétera. Eso también es algo que las telefónicas podrían solucionar pues son las propietarias de la tecnología. Sólo falta que quieran.

Así que ahí está la tercera vía. Telefónicas: si no desean que se creen incómodas leyes o se afecten las cómodas ya existentes, implementen unilateralmente las soluciones tecnológicas que resuelvan nuestro fatal problema. Nadie puede hacerlo mejor que ustedes. Sólo falta que quieran.

Once es más que diecinueve.

Artículo publicado en Plaza Pública el 5 de julio de 2013.

El tres de julio pasado el Tribunal Primero B  de Mayor Riesgo emitió sentencia condenatoria contra la banda bautizada: “de la calzada Roosevelt”.

La culminación de este juicio requirió esfuerzo de muchos sectores.  El Ministerio Público coordinó investigaciones con La Policía Nacional. El INACIF proporcionó evidencias forenses, la fiscalía trabajo duro en la recolección y acumulación de pruebas, búsqueda de testigos, armado de un caso que fuese creíble ante los tribunales.  Como lego en materia de justicia criminal, seguramente paso por alto muchos otros actores y procesos en el arduo camino de la aplicación de la ley, que no siempre termina en acto de justicia.

Por meses se trabajó en este caso de alto impacto social, uno que contribuye a restaurar un poco la credibilidad de la Policía Nacional, misma que aconsejó a las mujeres no circular solas por la ciudad en vez de hacerlas sentir seguras de que los criminales serían atrapados.  Ganan también el Ministerio Público y el Organismo Judicial, quienes desesperadamente necesitan puntos.  Se ha retirado de las calles a una panda de criminales de lo más diversificado y dañino.

Según las notas de prensa, se identificaron catorce víctimas de violación, el delito que hizo famosa a la banda.  Seguramente hay más víctimas, pero nunca lo sabremos porque para conocer  una víctima es necesario que se identifique.   

Si hacemos un examen de conciencia, todos hemos pasado por la situación de no denunciar un delito para que las cosas no se hagan más grandes, porque se lo dejamos a Dios, porque quedaremos en peligro cuando el criminal salga libre y muriendo de risa, porque de nada sirve denunciar, etcétera.  ¿Cierto?

Un caso de violación es mucho más que cualquiera de nuestros pequeños aportes individuales al monumento de la impunidad.  No es una pérdida económica sino un terrible daño sicológico, es tragarse un demonio capaz de espantar a las víctimas durante el resto de sus vidas.  También hay consecuencias físicas, y encima de todo se viene el daño moral.

 De manera que presentarse a denunciar un crimen de este tipo requiere un valor que a  muy pocos les ha sido requerido.  En el contexto de nuestra acomplejada,  impune y violenta cleptocracia, es un verdadero acto heroico,  una extrema muestra de fe.

Más aún, de las catorce denunciantes, once excedieron abundantemente lo que la sociedad podría pedirles.  Sin conocer el resultado de su acción, sintiendo vergüenza, quizá bajo amenazas criminales y/o la oposición de su familia o pareja, testificaron.  Volvieron a vivir aquella tragedia criminal, aquello que quisieran sacar de su vida, de su memoria.

Las once testigos nos han dado una demostración de coraje y valor ante la adversidad que ya quisieran los generales de cinco estrellas que jamás entraron en batalla bajo desigualdad de condiciones, si acaso entraron.

A estas grandes mujeres:  muchísimas gracias.  Ustedes se han sacrificado por muchas otras que no tendrán que vivir el infierno que a ustedes les tocó.  Nos han demostrado que  once es más que diecinueve, o quinientos, o mil, que los buenos valen más que los malos aunque no lo parezca,  que quizá este país tenga esperanza.  Perdonen nuestra cobardía por no salir a protestar contra el crimen que empañó sus vidas.  Por no recordar que los crímenes eran contra nuestras hijas, hermanas, esposas y madres.   Por no ir a buscarlas y darles un abrazo solidario, por no ir personalmente a decirles que vales mucho, que has hecho más que yo, que has salvado vidas y que Guatemala está en deuda, aunque no lo reconozca.

Para finalizar, unas palabras de ánimo y felicitación a las familias, terapeutas, apoyos morales y espirituales que han trabajado para devolver la alegría y esperanza que intentaron arrancarles, sin éxito, a esas extraordinarias mujeres.