Lo que no dice el II Informe Presidencial

Artículo en el periódico digital Plaza Pública, edición del 4 de marzo de 2014.

Leyendo lo relacionado con el Pacto Hambre Cero, es difícil hacer la conexión entre lo reportado y el documento oficial del Pacto. Además, a pesar de que el informe habla de gestión por resultados, los datos no permiten apreciarlos.

Con excepción del primer resultado estratégico del Pacto (Tomo I, página 12), éstos se han formulado de una manera tal que una diferencia decimal puede ser presentada como un éxito total. Hay ambigüedad estructural.

Por razones de espacio, tomemos solo el cuarto resultado: “Para el año 2015, los ingresos de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se han incrementado.” ¿Cómo medirlo? Si el ingreso se incrementa en 1%, se podrá decir “Misión cumplida”. El resultado debería expresarse de forma precisa, inequívoca. Si lo que se busca es hambre cero, entonces dichos ingresos deberían, por ejemplo, cubrir los costos de la canasta mínima familiar (alimentos y no alimentos).

Otro ejemplo al azar está en el tema de cobertura de vacunación. El informe dice que se hicieron 765,000 tratamientos, beneficiando a 172,000 niños y niñas. En realidad, debiera decirse cuántos tratamientos fueron completados (si no se toma la siguiente dosis, el tratamiento se interrumpe y se debe reiniciar). También debiera decirse qué proporción de la niñez fue cubierta.

Se entiende que el Informe no sea ni extenso ni técnico –seamos claros, es político. Sin embargo, un informe técnico debiera seguirle, para que los analistas, donantes y los propios ejecutores puedan tener una imagen clara de lo que está pasando.

Un caso diferente es el de las omisiones. La más clara está en el tema de la muerte por desnutrición aguda en menores de cinco años. Según el Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) durante 2013 fallecieron 116 infantes. De ahí, se calcula la tasa de letalidad por desnutrición aguda y se anuncia que disminuyó de 1.1 a 0.68.

Lo que el Informe no dice –y debería– es que los datos utilizados eran parciales. En primer lugar, se trató de datos “ingresados al SIGSA”. Al 17 de diciembre de 2013, el Comité de Análisis había confirmado 51 casos adicionales, no ingresados al Sistema. Existían 81 casos bajo investigación de dicho Comité y 107 defunciones habían sido declaradas no relacionadas con desnutrición aguda.

Si los casos bajo investigación fueran declarados positivos, la cifra aumentaría a 248, más del doble de lo publicado por el informe presidencial.

Si los casos descartados fueran incluidos, tendríamos más de tres veces lo publicado.

Lo anterior despierta una pregunta clave: La mortalidad infantil por desnutrición aguda en niños menores de cinco años ¿es sentenciada en escritorio por un COMITÉ, meses después del hecho? Lo normal es suponer que debería basarse en un informe médico forense. ¿El Gobierno no confía en lo que certifique el médico que atendió el caso y que posiblemente esté confirmado por la Dirección de la institución de salud?

Cierto es que el dictamen de muerte por desnutrición ha sido siempre un asunto complicado. Es bueno que ahora se busque resolver el problema, aunque las buenas intenciones se empañan al ver que el asunto sale de la esfera médica y entra en la política. Un Comité que eventualmente suba o baje las cifras con base en criterios ajenos a la esfera médica resulta peligroso.

Para terminar debe decirse que si los protocolos para determinar causalidad de muerte han cambiado, la comparación de datos con los años anteriores no es posible.

Para el mes de marzo se prometieron los resultados finales del SIGSA. Veamos qué respuestas pueden dar a lo planteado en este artículo.