LAS MOTOCICLETAS NO DISPARAN

Entre las muchas cosas que se combinan para hacer sentir a los guatemaltecos que estamos de rodillas e indefensos ante el crimen se encuentra el sicariato en motocicleta. Muchos asaltos y asesinatos se realizan por hombres fuertemente armados que se desplazan en pareja en estos vehículos.

Voces alzadas buscan, en algunos casos, proponer soluciones para reducir el problema y en otros, dar un golpe mediático y ganar simpatías electoreras. De su combinación surgen ideas como la de emitir una ley para que los motociclistas porten un chaleco especial y casco mostrando en carácteres grandes el número de matrícula. También se prohibiría llevar pasajeros y se haría que “circulen solamente sobre el carril derecho, a una distancia no mayor de un metro de la acera”, so pena de multas pecuniarias.

Veo estas iniciativas con desilusión, porque indistintamente de las intenciones, resulta una medida sin impacto en el sicariato. Estos son mis argumentos:

La motocicleta es un vehículo al que han recurrido muchos ciudadanos por estricta necesidad, para transportar a esposas, novias, vecinos, compañeros de trabajo y demás. Los pasajeros legítimos no se pueden prohibir y una medida tal viola derechos civiles. No se puede combatir el crimen con base en violar derechos legítimos.

Por las calles circulan innumerables vehículos de todo tipo con matrículas o placas metálicas falsificadas (pregunten a cualquier vendedor del mercado La Terminal dónde fabrican placas “hechizas”). Los agentes de las autoridades de tránsito y la policía no hacen nada para sancionar a los propietarios de vehículos o controlar la producción de las matrículas falsas. Por otra parte, basta quedarse cinco minutos en una esquina de alta circulación para ver que muchas motocicletas circulan sin matrícula, o con el letrero “en trámite”. ¿Es esto motivo de sanción? Claro que sí, pero son tantas las violaciones que las autoridades se hacen de la vista gorda. Por lo tanto, los únicos que se verán tratados como ciudadanos de segunda serán los conductores de motocicleta con documentos regulados. ¿En qué cabeza cabe pensar que el sicariato utilizará motocicletas propias y en regla para ejecutar sus crímenes? Es más fácil robar una motocicleta y comprometer a un propietario legítimo. La medida resultará en que al asesinato de pilotos de buses se sume el asesinato de motociclistas, pues el golpe será sencillo: robar una moto, delinquir y cambiar vehículo.

De los sicarios se puede decir que: a) portan armas ofensivas registradas POR EL GOBIERNO como deportivas, armas no registradas, armas propiedad de la policía y armas de fabricación casera, todas ellas cargadas con municiones legalmente adquiridas en la armería de la esquina; y b) en alto número son criminales reincidentes, beneficiarios de medidas sustitutivas y en muchos casos pendientes de captura desde hace años, gracias a la ineficiencia del aparato de seguridad y justicia.

¿No es acaso más sensato resolver la raíz de los problemas antes de tomarla contra todos los motociclistas? Legisladores: no les parece que están haciendo el ridículo nacional e internacional con esta iniciativa, en vez de emitir las leyes que han tenido en su regazo por años: ley de armas y municiones y tipificación de delitos modernos, para mencionar apenas dos? ¿No debería el Organismo Judicial asegurar que los Xitumules dejen de dar medidas sustitutivas legales pero inmorales? ¿no debería existir sanciones por dejar de ejecutar órdenes de captura? ¿Por qué no se implementa el bloqueo de llamadas desde los centros carcelarios, y se retoma el control de los mismos para que dejen de ser el cuartel general del sindicato del crimen?

No creo necesario seguir mencionando cambios al alcance de la mano, si la tienen libre y limpia. Es ridículo y dice muy mal de su “inteligencia” y “mano dura” el querer humillar y reprimir a los motociclistas como medio de enfrentan al sicariato. Empecemos por eliminar la laxitud en la prevención, persecución y castigo del delito. Las motocicletas no disparan y los chalecos reflectivos no obran milagros.

Los héroes no nacen, se hacen

“Luego de tres meses de permanecer hospitalizado y refugiado en Estados Unidos, un empresario guatemalteco víctima de tres atentados de los cuales milagrosamente se salvó de morir, vuelve a Guatemala para señalar a sus atacantes y exigir justicia.”

Así principia la nota publicada por el noticiero nocturno del canal siete, el día 11 de diciembre del año que recién terminó, refiriéndose al ingeniero agrónomo José Luis Rueda Calvet.

José Luis ingresó a la Facultad de Agronomía de la USAC en el año 1976, junto a otros más de 500 estudiantes que perseguíamos una carrera agronómica. Busco en mi pobre memoria sus recuerdos, y lo encuentro como un buen amigo, tranquilo, reservado y muy buen estudiante. Según mi memoria, no le interesaba meterse en política estudiantil ni en actividades extra-académicas. Suponíamos que pertenecía a una familia muy bien establecida en Retalhuleu, aunque él nunca hizo algo para hacer notar sus recursos económicos, si acaso nuestra suposición era cierta. No llegamos a cultivar una cercana amistad, pues cada uno se fue metiendo en lo suyo a medida que la carrera avanzaba. De Güicho Rueda, como le llamamos sus compañeros, no encuentro un solo recuerdo negativo, una sola actitud reprochable. Siempre sentí por él mucho cariño, aunque como nos sucede a casi todos los humanos –extrapolo de mi propio caso-, no siempre le hacemos saber a las personas lo que sentimos por ellas.

Los estudiantes que ingresamos en 1976 teníamos un pensum de sesenta y pico de cursos, distribuidos en once semestres. Güicho se concentró en sus estudios y adelantando materias cerró en diez semestres, pasando rápidamente al examen privado y la tesis. Revisando la nómina de colegiados, confirmo que nos graduamos por las mismas fechas de 1981, pues Güicho es el colegiado número 563 y a mí me tocó el número corridito 567. Ateniéndome siempre a mi mala memoria, recuerdo que organizó una fiesta de graduación en el mismo edificio que hoy ocupa la Corte de Constitucionalidad. En un salón vecino se realizó otra graduación. No recuerdo a cuál de los dos fui invitado, pero conocía personas en ambas, y en las dos fui muy bien recibido.

A partir de ese momento, no recuerdo haberme encontrado con él. Quizá en alguna fiesta del colegio, o alguna actividad durante el tiempo que serví en la junta directiva. Güicho regresó a su querido Retalhuleu y no supe más de sus actividades. Siendo miembro de una familia de modernos agricultores, asumí que ejercía su profesión preservando el patrimonio familiar. No hemos tenido contacto por más de 25 años, pero no me cabe duda de que sus cualidades y méritos personales se asentaron y fortalecieron, pues el tiempo no pasa por gusto.

Por lo anterior, me quedé prendido del televisor la noche que presentaron la historia que cito en el primer párrafo. La anunciaron al inicio del noticiero y la presentaron al final. Allí apareció Güicho, con sus rasgos físicos inconfundibles a pesar del paso del tiempo. Apareció en las cámaras con la misma tranquilidad con que lo recuerdo, a pesar de que su historia era de no creerse. Sufrió tres atentados armados en un período de tres meses, sobreviviendo milagrosamente, pero no sin costos. Mostró a las cámaras la huella de algunos balazos recibidos. En el primer atentado (15 de enero de 2008), le acertaron en la sien, el cuello y el hombro. Esto lo envió al hospital, y luego de ello debió sufrir –no le puedo llamar de otra manera- un proceso de rehabilitación que dadas las heridas, debe ser especializado, caro, riesgoso y parcial. Entre tanto, sobrevino el segundo intento, que no tuvo tan graves consecuencias gracias a las precauciones que tomó (contratar guardaespaldas). El 24 de marzo, mientras salía de una sesión más de rehabilitación, recibió un nuevo balazo, que le destrozó el hígado.

El reportaje del que tomo la información indica que el agresor fue capturado y puesto en prisión. También indica que los atentados provienen de competidores comerciales directos.

Por todo esto, Güicho debió abandonar el país con todo y familia. Aparte de los elevados costos económicos que esta decisión debe tener, está el dolor del desarraigo emocional y de abandonar aquello por lo que se ha luchado por décadas.

La entrevista se realizó en Guatemala, pues Güicho viajó –seguramente en medio de gran tensión para él y toda su familia- con el fin de testificar en el juicio seguido a sus atacantes. En el reportaje expresa el temor que siente por su vida. Según un posterior reportaje aparecido en Prensa Libre, en el Tribunal 8avo. de primera Instancia Penal, presidido por la Juez Yasmín Barrios se juzgó a Edgar Benjamín Martínez y Rigoberto Elí Castañeda López, habiendo sido encontrado culpables y condenados a 33 años de prisión. El acusador esperaba una sentencia de 50 años. El periódico indica también que la víctima se encuentra bajo el programa de Protección de Testigos del Ministerio Público. Yo no sentiría ninguna confianza si me encontrara bajo ese programa, que no cuenta con recursos suficientes siquiera para alimentar bien a los testigos protegidos, y les aísla completamente, sin mencionar los riesgos de que se produzca una fuga de información Seguramente Güicho y su familia viajaron de regreso a su refugio inmediatamente después de la declaración o la finalización del juicio.

Intenté localizar a alguien de su familia, pero en ninguno de los teléfonos registrados en la guía de colegiados activos me respondieron.

La condena a los atacantes no fue lo que se esperaba luego de ejecutar tres atentados de muerte. Lo que más preocupa es que no se conoce que haya un enjuiciamiento a los autores intelectuales de los atentados, los cobardes que pagaron por la eliminación física de la víctima. Sea lo que sea el problema que exista entre los empresarios, existen mecanismos legales para solucionarlos, y recurrir al asesinato, por normal que le parezca a parte del empresariado nacional, es un crimen que no debe quedar en la impunidad.

Por lo anterior, va hacia Güicho Rueda y su familia mi más sincero sentimiento de solidaridad, y mis oraciones para que su recuperación física concluya exitosamente. También comparto el miedo y la rabia por la impunidad institucionalizada en el país. Sin proponérselo, José Luis Rueda Calvet se ha convertido en un héroe de la lucha contra la impunidad.

En cuanto al gremio de ingenieros agrónomos, ambientales y forestales, creo que si aun nos queda sangre en la cara, lo menos que podemos hacer es emitir un comunicado de apoyo al colega, condenando los hechos y demandando justicia.

Breve comentario sobre las propuestas de ProReforma

La organización ProReforma está promoviendo por los medios de comunicación masiva (periódicos y televisión) la participación ciudadana para impulsar un paquete de reformas a la constitución, que incluye una transformación de la estructura de gobierno (creación de una Cámara de Senadores, entre otras cosas). También propone cambios en la estructura de los tres poderes del Estado (ver www.proreforma.org.gt/).

No intento abordar el tema completo en este medio, sino responder al ingeniero agrónomo Félix Medrano, quien pide una opinión al respecto. Dejo aquí solo algunas líneas generales de razonamiento.

La sociedad guatemalteca cuenta al momento con un número incalculado de normas y disposiciones que no se aplican. El texto constitucional es bastante completo (no digo que sea perfecto, deba ser inamovible o satisfaga los deseos e intereses de todos los grupos sociales), y hay leyes casi para todo. El gran problema es que no se respetan. La actual Constitución debiera ser suficiente para que vivamos en un Estado de Derecho, pero cualquiera la viola mientras la sociedad parece imperturbable.Hasta aquí dejo esta línea de razonamiento, agregando la pregunta: ¿Somos tan ingenuos para creer que un cambio en la Constitución va a llevar este país por el camino de la paz y la gobernabilidad? Desgraciadamente, yo no lo creo.

Una reforma constitucional no es un asunto de pocos. De los cambios contenidos en la propuesta de ProReforma, algunos me parecen adecuados y otros no. El problema es que si solo puedo participar suscribiéndome a lo que otros ya decidieron, pues no me interesa. Por difícil que sea en la sociedad guatemalteca, hay que discutir y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Sea en un bando o el otro (no se salva nadie en esta sociedad bipolar), estamos acostumbrados a descalificar (de preferencia si es con falacias ad hominem) a quienes no piensan exactamente igual que nosotros. Demonizamos a cualquiera por el menor disentimiento, y de allí que no podamos generar consensos grupales, mucho menos sociales. Sin embargo, ante asuntos de semejante envergadura como cambios a la Constitución y la estructura del Estado, se necesita la penosísima apertura y discusión. Lo que propone ProReforma no es resultado de un proceso semejante. No me siento representado a un punto razonable

En Guatemala ha gobernado una corriente de pensamiento político-económico que propone la reducción del rol y tamaño del Estado (ideario apoyado por el llamado “Consenso de Washington”) donde el Estado queda limitado a la función de regulador y árbitro de conflictos (aunque sostienen que el mercado no debe ser sujeto de la regulación del Estado). A esta propuesta le ha faltado una dimensión social integradora, y la crisis económico-financiera global es una prueba irrefutable de que ese modelo ha sido un fracaso, y que la privatización de beneficios y socialización de pérdidas no es una opción para terminar con la pobreza. Esta misma corriente de pensamiento y sus operadores orgánicos promovieron en la década pasada la reducción a su mínima expresión del MAGA –para tocar un ejemplo en el campo de los ingenieros agrónomos- lo que creó una institución de apoyo a los pequeños y medianos proveedores de productos agrícolas de exportación, dejando por fuera a todos los no competitivos (medidos por los parámetros de la competitividad para la exportación), que desafortunadamente son la mayoría. Por ello, sin que una ley particular lo decidiera, la sociedad encontró como válvula de escape la migración masiva y la integración a muy efectivas redes de protección social, desafortunadamente de carácter ilícito (servicios a la industria transnacional de las drogas). Quienes no pudieron hacer ni eso se quedaron viviendo y reproduciendo miseria, desprotegidos por un Estado con mandato constitucional de garantizar su bienestar. Lo anterior no es un análisis de la problemática, y lo dejo hasta aquí para no desenfocarnos del tema principal.

Esta corriente de pensamiento que menciono en el párrafo de arriba tiene en Guatemala abogados permanentes, que impulsan sus ideas desde la cátedra universitaria y los medios de comunicación masiva. Estos apoyadores del neoliberalismo son las mismas personas que conforman la Junta Directiva y cuadros de apoyo de ProReforma. Puedo conceder que sinceramente crean en lo que propusieron como modelo político, económico y social para Guatemala en el pasado y presente, pero no puedo concederles la razón, a la luz de la irrefutable situación nacional. Por lo anterior, no firmaría así por así en apoyo de su propuesta sin antes conocer su análisis y conclusiones sobre el efecto de sus doctrinas. No tengo además ni una sola señal, mucho menos evidencia, de que tengan una nueva propuesta socio-económica.

Para mencionar algunas de las cosas que no me gustan en la propuesta, tomemos al Organismo Judicial. Se propone un OJ que interfiere en TODOS los conflictos, nacionales e internacionales (entre otras consecuencias, la política exterior queda en buena medida sujeta al OJ); un país que desconoce la legislación internacional (y por tanto, los acuerdos y convenios de cualquier índole) si a juicio del OJ es contraria a la Constitución; una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados vitalicios (o sea, hasta que se mueran): el OJ envía su presupuesto al Organismo Ejecutivo y este, con impedimento constitucional para hacer cualquier ajuste (no importa que no haya dinero), lo envía al Organismo Legislativo para su sanción. Es decir, un Organismo Judicial omnipotente y omnipresente; un desplazamiento del eje de poder para favorecer a un organismo del Estado sin mecanismos de auditoría económica, política y social. Quién controlaría al OJ? Principalmente los magistrados vitalicios.¿Y quién escoge a los magistrados vitalicios? ¡Allí está el detalle! En otras palabras, no habría que seguir combatiendo en campañas políticas cada cuatro años. Basta con dar un buen golpe al momento de elegir a los vitalicios y nos quedamos tranquilos, ya solo cuidando del bienestar de los 15 virreyes. Si los funcionarios del Ejecutivo se desvían un poco de la línea, pues al banquillo de los acusados, sin que valga el argumento de la independencia entre poderes. Si yo puedo conceder que estas personas han sido bienintencionadas en sus propuestas para el desarrollo integral de Guatemala, a cambio tendrían que concederme al menos que tengo razones para desconfiar del éxito de sus reformas.

Finalmente, creo que el cáncer de Guatemala no se encuentra en sus leyes. Tiene dos tipos de células patógenas incontroladas: los partidos políticos y la convicción de las personas de que “si no lo hacés voz (robar lo que está a la mano), de todos modos otro lo hará, así que pensá en tu familia y dale viaje”. ¡Hasta nos sentimos hombres y mujeres responsables cuando abusamos de nuestra posición en el gobierno o alguna empresa!

Sobre los partidos políticos, la situación es clara. Son ellos quienes definen las políticas, aprueban las leyes y ponen a los funcionarios (¡no los organismos del Estado!). Si el caudillo de un partido vende las candidaturas y no tiene escrúpulo alguno para aceptar financiamiento de donde sea al costo de después hablamos, obviamente estará dominado por gente esperando su momento para depredar, mientras una minoría con buenas intenciones lucha tenazmente por sobrevivir en la vida partidaria. Finalizada la campaña, hay que pagar las deudas. Se pagan con: favores para eliminar empresas de la competencia, puestos de gobierno, contratos de bienes y servicios, subsidios con dedicatoria, acceso a fondos públicos deliberadamente sin control. A eso le llaman realidades de la política y aplicación de las doctrinas de Maquiavelo, lo que lleva a los marchantes de la política a pensar que poseen talentos extraordinarios. ¿Podemos imaginar un partido político que llegue al poder sin deudas? ¿Un partido que elija a los funcionarios estrictamente por su calidad, no como los cócteles actuales que son una mezcla de todo? Pues bien, el día que tengamos una verdadera reforma del sistema de los partidos políticos, y que sus líderes establezcan estrictas normas éticas entre los afiliados, ese día principiará el verdadero cambio. Esa es la reforma a la que me suscribiría de inmediato, no al cambio de leyes que nadie ha respetado por otras que tampoco respetará porque el sustrato ético y moral no cambia. Los agrónomos sabemos mucho de relaciones agua-suelo-planta, ¿no es verdad? Entonces comprendemos el concepto sistémico. Las leyes son solo un elemento del sistema nacional, y no el más urgente en este momento, salvo contadas excepciones.

¿Manifestación o manipulación?

El pasado martes 18 de noviembre la televisión y el diario vespertino La Hora reportaban que la ciudad capital de Guatemala había presenciado una multitudinaria manifestación de ciudadanos. Por las imágenes presenciadas, diría que se trataba de indígenas campesinos; hombres y mujeres. Es decir, personas que cargan encima ignominiosamente un doble y hasta triple estigma; el fondo de la olla social, los tontos útiles por virtud de su número e ingenuidad; el capital político, dicho en términos de voto obediente y no beligerante; la carne de cañón.

¿Qué hacían en la ciudad? Nada mejor que preguntarles, y eso fue lo que algunos medios de comunicación hicieron, y lo que yo mismo confirmé a través de personas que estuvieron presentes. Un amigo, profesional universitario y líder del movimiento Maya se encontró con varios de sus paisanos en el centro de la ciudad y les preguntó qué hacían. “Venimos a apoyar …y a pasear” dijeron con cierta ingenua picardía. ¿Qué venían a apoyar? No estaba muy claro. Muchos de los entrevistados respondieron, palabras más palabras menos, que protestaban contra la pobreza, para vivir mejor, obtener ayuda del gobierno y en el caso de los maestros, para obtener mejoras en su sector.

Pocos dieron la respuesta precisa que se podía decir de muchas maneras: otorgar respaldo al Organismo Ejecutivo/Presidente para que se apruebe un aumento al presupuesto del año 2009.

A la imprecisión en las respuestas y el desconcierto de los mismos manifestantes se unen ahora acusaciones documentadas de que la manifestación fue por acarreo, como se le llama a la vieja y mañosa práctica de organizar excursiones multitudinarias con promesas de recibir alimentación gratuita, ser tomados en cuenta si se consigue lo que se va a solicitar o simplemente cobrar deudas por bienes y servicios brindados, como si se tratara de favores del gobierno y no de su obligación constitucional. A la acusación de acarreo, que significa engaño y manipulación, se suman evidencias de que los gastos corrieron por cuenta del Ejecutivo. Ese es un delito llamado malversación de fondos. Además, se trató de un acto en el que un organismo del Estado coacciona –interfiere- con otro.

Por un momento dejemos a un lado el asunto del acarreo y malversación de fondos públicos, así como la interferencia entre poderes. Me preocupa que se cumpla la profecía del ministro de Finanzas Públicas (un profesional de brillante trayectoria) cuando advertía que de no aprobarse el presupuesto solicitado “se llegaría a una situación de ingobernabilidad”. Creo que no quiso decir eso, sino estaba amenazando con movilizaciones públicas si el presupuesto solicitado no era aprobado. Me recordó a Efraín Ríos Mont, cuando previo al jueves negro dijo que “las cosas se podían salir de control”.

Esta no es una homologación maliciosa, sino un llamado a la reflexión. En ambos casos, se pretende conseguir un objetivo a través de lanzar las masas a la calle. Y eso es precisamente lo que me preocupa.

Cualquiera que conozca medianamente la historia de Guatemala sabe que es práctica común infiltrar una manifestación de este tipo. Un solo disparo, una pedrada en una vitrina, un empujón brusco y todo aquello se vuelve un infierno. Si el gobierno realmente está luchando por los pobres, sabe que los enemigos son muchos y tienen suficiente capacidad para convertir una manifestación en una carnicería humana. Todo esto se presta además para continuar incubando la ingobernabilidad ¡desde el mismísimo seno del Estado!. Esa es mi gran preocupación: que se siga utilizando a la población ignorante como arma de lucha política partidista, y nos sigamos acercando más y más a la condición de Estado Fallido por iniciativa del mismísimo Gobierno de la Esperanza. Nadie que actúe de esa manera puede hablar de solidaridad y justicia. Nadie que recurra a eso puede mantener su autoridad moral, hablar de juego limpio y esperar apoyo cuando verdaderamente lo necesite. El despliegue del martes 18 fue totalmente innecesario en cuanto a influenciar al Legislativo; un mal parido golpe mediático; una provocación bravucona a la oposición; pérdida de autoridad moral y un triunfo de la prepotencia sobre la inteligencia.

Abusos al consumidor en las farmacias de la cadena Dr. Simi

El pasado 28 de octubre busqué una medicina en la Farmacia del Dr. Simi situada en el Boulevard San Cristóbal, frente al paso a desnivel. La medicina que necesitaba estaba etiquetada en Q.120.00, pero el cajero me indicó que tenía nuevo precio: Q.132.00. Le dije que no podía vender el producto a un precio diferente del etiquetado, a lo que respondió que eran instrucciones de la gerencia general. Como necesitaba la medicina y en la otra sucursal cercana no la tenían, decidí comprarla, pero anotar una queja en el libro de la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO), que obligatoriamente debe estar a la vista y disposición del público en cada establecimiento comercial. No tenían el libro. Pagué la medicina y esta vez, a diferencia de docenas de compras anteriores, me extendieron factura contable. Hasta ese día noté que el “ticket” blanco que extiende la máquina registradora tiene el aviso: “Este documento no es factura”.

Regresé a casa a cumplir con lo que es obligación y no prerrogativa de todo ciudadano que se interese por acabar con la impunidad y el raterismo corporativo: denuncié el hecho ante la DIACO por vía telefónica, y me ofrecieron que investigarían en asunto. Dudo que lo hagan, y dudo aún más de los resultados.

Desafortunadamente, a pesar de la buena voluntad que creo que tiene la DIACO, esta no impone sanciones con poder disuasivo ni se constituye en querellante en procesos judiciales. Sus sanciones son apenas poco más que morales, algo así como: “¡No nene!”. Esto se debe a un asunto de diseño institucional (por lo tanto, política de Estado)no a sus funcionarios. Entre tanto, el Organismo Legislativo no termina de crear los instrumentos para una efectiva educación y asistencia al consumidor y usuario; el Organismo Judicial no se interesa en estos casos insignificantes y el Organismo Ejecutivo come en la misma mesa y viaja en las mismas naves de los evasores y especuladores.

Estos últimos, por supuesto, siguen estirando la chamarra en todos los campos posibles. Por algo está tan soplado el mentado Dr. Simi, que además se parece mucho a otro personaje de moda en la política nacional.