Más allá del linchamiento político

En la primera semana de junio del presente año, el Dr. Eduardo Meyer Maldonado, presidente del Congreso de la República, denunció ante sus colegas y la opinión pública el traslado secreto de Q82 millones (más de 11 millones de Dólares) de fondos públicos en custodia del Congreso a una corredora de bolsa que según los medios de comunicación, ofrece comisiones bajo la mesa a quienes les hagan llegar semejantes capitales. La empresa invierte en mercados de alto riesgo, y no goza de la garantía de una financiera legalmente autorizada, ni está fiscalizada porque no existe un ente regulador de estas empresas de bolsa. Según los congresistas, los fondos fueron invertido sin su autorización, siendo responsable del manejo financiero la Junta Directiva. Esta, a su vez, dice que el movimiento lo autorizó inconsultamente el Dr. Meyer Maldonado, quien niega el cargo y apunta hacia el Director Financiero y su ex Secretario Privado (pariente político además, según el Partido Patriota), despedido a principios de mayo y fugado del país horas antes de que se presentara la denuncia. ¿Quién no querría de asesor a semejante adivino?.

El movimiento financiero no se pudo haber realizado sin la firma del diputado Meyer Maldonado. Más allá de la resolución del misterio, este resbalón (está por conocerse la dimensión del sopapo) es para sus opositores como atinarle al imposible Bingotón Millonario. Y vaya que “te cambia la vida”.

Inmediatamente han llovido sobre el Ministerio Público denuncias en contra del diputado Meyer Maldonado, se le ha pedido públicamente la renuncia y el partido que lo llevó al Congreso prefiere no incurrir en los costos políticos de su defensa.

Lo que nos gustaría ver a los guatemaltecos es que este destape vaya más allá del linchamiento político del miembro de la UNE que preside el Congreso, y se extienda a algunas cosas de fondo y substancia. Lo primero es que el mismo congreso multipartidario que hoy exige unánimemente la reparación de su honra, se sirva dar trámite inmediato a las leyes que permitan controlar y no solo registrar a Bolsa de Mercados de Futuro S.A. y empresas similares. Segundo, la transparencia y acceso a la información sobre el manejo de recursos del Congreso no debe ser una dádiva ocasional sino una soberana obligación, y para ello solo hay que reforzar el cuadro normativo (¡la tienen fácil los congresistas!). Tercero, deben legislar para que corruptos (políticos) y corruptores (flamantes ejecutivos de empresas privadas) sean igualmente juzgados, y no simplemente castigados con la exposición pública o el despido inmediato (pero impune). Cuarto, no siendo estas inversiones una práctica novedosa en el Congreso, se debe investigar los movimientos de capital en las pasadas administraciones. Solo de esta manera los guatemaltecos veremos en las reacciones de los diputados actuales un verdadero acto de honor, dignidad y voluntad legítima para acabar con quienes confunden lo que es bueno con lo que les conviene.