En la primera semana de junio del presente año, el Dr. Eduardo Meyer Maldonado, presidente del Congreso de la República, denunció ante sus colegas y la opinión pública el traslado secreto de Q82 millones (más de 11 millones de Dólares) de fondos públicos en custodia del Congreso a una corredora de bolsa que según los medios de comunicación, ofrece comisiones bajo la mesa a quienes les hagan llegar semejantes capitales. La empresa invierte en mercados de alto riesgo, y no goza de la garantía de una financiera legalmente autorizada, ni está fiscalizada porque no existe un ente regulador de estas empresas de bolsa. Según los congresistas, los fondos fueron invertido sin su autorización, siendo responsable del manejo financiero la Junta Directiva. Esta, a su vez, dice que el movimiento lo autorizó inconsultamente el Dr. Meyer Maldonado, quien niega el cargo y apunta hacia el Director Financiero y su ex Secretario Privado (pariente político además, según el Partido Patriota), despedido a principios de mayo y fugado del país horas antes de que se presentara la denuncia. ¿Quién no querría de asesor a semejante adivino?.
El movimiento financiero no se pudo haber realizado sin la firma del diputado Meyer Maldonado. Más allá de la resolución del misterio, este resbalón (está por conocerse la dimensión del sopapo) es para sus opositores como atinarle al imposible Bingotón Millonario. Y vaya que “te cambia la vida”.
Inmediatamente han llovido sobre el Ministerio Público denuncias en contra del diputado Meyer Maldonado, se le ha pedido públicamente la renuncia y el partido que lo llevó al Congreso prefiere no incurrir en los costos políticos de su defensa.
Lo que nos gustaría ver a los guatemaltecos es que este destape vaya más allá del linchamiento político del miembro de la UNE que preside el Congreso, y se extienda a algunas cosas de fondo y substancia. Lo primero es que el mismo congreso multipartidario que hoy exige unánimemente la reparación de su honra, se sirva dar trámite inmediato a las leyes que permitan controlar y no solo registrar a Bolsa de Mercados de Futuro S.A. y empresas similares. Segundo, la transparencia y acceso a la información sobre el manejo de recursos del Congreso no debe ser una dádiva ocasional sino una soberana obligación, y para ello solo hay que reforzar el cuadro normativo (¡la tienen fácil los congresistas!). Tercero, deben legislar para que corruptos (políticos) y corruptores (flamantes ejecutivos de empresas privadas) sean igualmente juzgados, y no simplemente castigados con la exposición pública o el despido inmediato (pero impune). Cuarto, no siendo estas inversiones una práctica novedosa en el Congreso, se debe investigar los movimientos de capital en las pasadas administraciones. Solo de esta manera los guatemaltecos veremos en las reacciones de los diputados actuales un verdadero acto de honor, dignidad y voluntad legítima para acabar con quienes confunden lo que es bueno con lo que les conviene.
Friday, June 6, 2008
Monday, April 14, 2008
¿Es apropiado el debate vaso de leche escolar versus Incaparina?
A partir del mes de marzo de 2008 cobró relevancia en los medios de comunicación de Guatemala la discusión sobre el Programa Vaso de Leche Escolar (PVLE), que desde 2005 venía implementando el Vice ministerio de Seguridad Alimentaria (VISAN) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). La continuidad del programa está en seria duda, y se calienta el debate sobre la sustitución de la leche por la harina nutricionalmente fortificada conocida como Incaparina, al tiempo que saltan las alarmas sobre el problema de la desnutrición infantil.
El somero análisis que se presenta a continuación busca encauzar la discusión hacia la seguridad alimentaria nutricional, y aportar nuevos elementos para la discusión pública e institucional del asunto.
Parece muy sencillo responder a la pregunta: ¿para qué sirve el PVLE? Sobre esto se ha dicho mucho, y según los recientes argumentos recogidos de los medios de comunicación la respuesta es: para reducir la desnutrición de la niñez guatemalteca. Esto es una simplificación errónea y peligrosa.
Para entender mejor el asunto, se analizan a continuación las siguientes vertientes:
a) los programas de alimentación escolar,
b) la desnutrición infantil,
c) la reactivación del sector lechero nacional, y
d) el PVLE.
Los programas de alimentación escolar buscan mitigar el impacto de la desnutrición en escolares de nivel pre-primario y primario, lo que técnicamente presenta dificultades en términos de reducción de la desnutrición. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha impulsado un concepto amplio, integrado y adecuado a la realidad de países como Guatemala: Escuelas Saludables. El enfoque va más allá de brindar alimentos e incluye los propósitos del PLVE: reducir la desnutrición infantil; aumentar la asistencia escolar; disminuir la repitencia y aumentar el rendimiento. El enfoque Escuelas Saludables se extiende a:
ser complementario a los servicios de salud del Estado y Organizaciones Privadas para el Desarrollo (OPD);
promover la participación comunitaria, particularmente de las familias;
aprovechar el rol de los niños como agentes multiplicadores de conocimiento en sus hogares (las buenas prácticas de alimentación, nutrición y saneamiento que aprenden en la escuela pueden ser trasladadas el hogar);
mejorar las condiciones ambientales en las escuelas (¿cuántas de ellas disponen de agua saludable, servicios sanitarios adecuados y en general, condiciones ambientales apropiadas para el aprendizaje de la niñez?);
promover la autosuficiencia (a través de programas como los huertos escolares).
Lo anterior justifica al enfoque Escuela Saludable como el marco para los programas de alimentación escolar, incluyendo el PLVE o cualquier sustituto. El tema de la participación comunitaria nos lleva irremediablemente a pensar en el PRONADE, y la fórmula que gobierno y maestros están constitucionalmente obligados a proponer para incorporar este elemento (claramente del dominio del Derecho a la Alimentación Adecuada).
La desnutrición infantil es un tema en el que Guatemala presenta niveles vergonzosos e inexcusables. Es necesario aclarar que existen diversos tipos de desnutrición infantil, entre ellos: la desnutrición aguda o actual (medida por el indicador peso dividido por talla, o P/T) que causa la muerte si no se atiende rápidamente; y la desnutrición crónica (medida por el indicador talla-edad o T/E), que significa en el caso de escolares que durante la etapa entre el embarazo y los tres años de edad sufrieron daño biológico en cuanto a desarrollo físico (talla) y síquico o neurofísico (que podría medirse con el coeficiente intelectual o IQ) .
El daño causado por la desnutrición crónica es irreparable, y se arrastra por el resto de la vida sin importar cambios positivos de alimentación después de los tres años. Esta desnutrición produce, entre otras cosas, ciudadanos con capacidad disminuida para aprender. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la desnutrición crónica representa “los efectos acumulados a largo plazo de la alimentación inadecuada y las malas condiciones sanitarias, debidas a falta de higiene y a enfermedades habituales en ambientes pobres e insalubres.” Eso refuerza la utilización del enfoque escuelas saludables en vez de simplemente la distribución de alimentos de alto valor nutricional.
La desnutrición global (indicador peso para talla o P/T) reúne los dos indicadores anteriores: desnutrición pasada (crónica) y desnutrición actual (aguda). Los tres indicadores se comparan contra tablas estandarizadas que indican los valores aceptables y los grados de desnutrición.
El PVLE se diseñó basado en un indicador compuesto (indicador de vulnerabilidad, según la memoria de labores del VISAN 2004-2007). No se indica la composición del indicador compuesto, aunque se sabe que lleva un peso muy alto la desnutrición crónica. Esto presenta un claro problema: no se está atacando la desnutrición más peligrosa para la vida del niño, y por lo tanto solo contribuirá a disminuir la desnutrición de aquellos escolares que padezcan de desnutrición aguda al momento de cursar sus estudios pre-primarios y primarios.
Por supuesto que nadie en su sano juicio se opondría a alimentar a los escolares. Sin embargo es necesario tener muy claro que no se pueden esperar modificaciones en las altas tasas de desnutrición crónica pues la edad crítica para ello, como ya se indicó, es entre la gestación y los tres años de edad.
Se cuenta con dos indicadores de desnutrición crónica: aquella en escolares de primer año de primaria (censo escolar de 2002) y la de menores de cinco años (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI). Como ya dijimos, la edad crítica para evitar la desnutrición crónica es entre la gestación y los tres años, sin olvidar a las embarazadas desnutridas. Sin embargo, los registros de desnutrición crónica en menores de tres años no existen, no son públicos o no son estadísticamente representativos. En el caso el PLVE, la desnutrición crónica se estaría utilizando como un indicador del tipo Proxy (ej: ante la imposibilidad de realizar un censo de población en Afganistán, se utilizaron imágenes satelitales nocturnas, se calculó el número de puntos de luz y se multiplicó por el número de miembros de una familia típica). En otras palabras, el PLVE no nos está llevando a los niños que padecen desnutrición aguda, lo que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo viola el derecho a la alimentación adecuada sino también el derecho a la vida de esos niños.
Si además de lo anterior los programas de alimentación ni siquiera se enfocan en los municipios con mayores índices de vulnerabilidad como indicador compuesto, según lo comprueba una reciente publicación del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), las perspectivas de tener impacto nutricional se minimizan drásticamente.
En síntesis, el PLVE no es ni se debe confundir con un programa para la reducción de la desnutrición infantil.
La reactivación del sector lechero nacional es un objetivo estratégico para la seguridad alimentaria. Según reportes de la FAO, de todos los productos alimenticios (“commodities”) que sufrieron alzas importantes de precio en los mercados alimentarios durante el último año, la leche tiene el primer lugar, en el orden del 80%. Para el país es importante disponer de una adecuada producción interna de leche y sus derivados; para el consumidor es importante disponer de un producto competitivo que le dé más opciones de selección; y para la cadena de leche es importante que se le brinden las facilidades necesarias para el desarrollo sostenible del sector (para ilustración: la cadena de compone por productores de granos para concentrado, importadores de grano e insumos, industria de concentrado, veterinarios y farmacéuticos, criadores y mejoradores de raza, criadores de ganado para propósitos lecheros y cárnicos, industriales de lácteos, trabajadores de la cadena fría, transportistas y agentes de la cadena de comercialización etc.). Todos los guatemaltecos tienen derechos económicos y sociales, en los que se incluye la libertad para desarrollarse en actividades económicas, más aun cuando se trata de asuntos estratégicos para la seguridad alimentaria. Es decir, el interés del sector lechero es legítimo.
Por lo anterior, como una medida estratégica y buscando un gana-gana nace en 2004 el PVLE como una iniciativa de la Cámara de Productores de Leche, la Gremial de Lácteos y Helados, la Cámara de Comercio y el MAGA. Luego se sumaría el Ministerio de Educación.
Desafortunadamente, la reactivación del sector lechero nacional -violentamente desarticulado en los años 80 por falta de políticas adecuadas- no es cuestión de dos o tres años, aunque los reportes de la propia Cámara de Productores de Leche llaman al optimismo (su boletín abril-mayo de 2008 reporta una producción de 650,000 litros para 2003 y un millón de litros para 2007) . Sin dudas, aunque la demanda para el PVLE constituya apenas el 5% del volumen de producción nacional según se reportó recientemente en un medio escrito, ha de causar mucho desasosiego entre los proveedores de la materia prima saber que cada año hay que sentarse a negociar. Esto es contraproducente para todos.
Es responsabilidad del gobierno y del sector privado sentarse a discutir políticas adecuadas para reactivar, fortalecer y permitir el crecimiento sostenido del sector. Eso sí, ello no debe significar privilegios especiales o medidas que afecten a otros sectores.
El Programa del vaso de Leche Escolar llegó al campo en el año 2005 y se extiende hasta junio de 2008. Según la oficina de comunicación social del MAGA (boletín 50 del 26 de septiembre de 2007), los datos básicos son:
Año Escolares Municipios Departamentos Costo Millones Q Costo unitario Q
2005 165,000 32 4 32 1.30
2006 400,000 87 10 106 1.78
2007 440,000 111 16 112 1.71
Nota: el costo unitario se basa en una distribución efectiva de 149 días al año.
Evaluaciones internas tanto del MAGA como del sector lechero, y otra encomendada a una ONG reportan resultados muy positivos en términos de mejorar la permanencia, asistencia y rendimiento escolar, y no hay razones para dudar de ello. Además, la capacidad del MAGA para movilizar recursos hacia el PVLE es impresionante, así como la tasa de ampliación de cobertura.
Por otra parte, de los 111 municipios atendidos en 2007, solo 23 corresponden al mapa de alta desnutrición crónica en escolares. Esto significa que el programa ni hace aportes nutricionales significativos (para disminuir los índices de desnutrición infantil crónica y aguda) ni llega a los municipios prioritarios. Esto último, debe decirse, puede no ser culpa del programa mismo, sino del clientelismo político (qué Presidente no cae en la tentación de decir, ante una entusiasmada multitud: “les prometo que mañana mismo mandaré repartir leche a los niños en todas las escuelas de este municipio”, aunque después un asesor le diga: “Presidente, este municipio no era prioritario…”).
Los medios de comunicación reportaron durante los pasados tres años que la leche que fue entregada a algunas escuelas no era apta para el consumo humano, aun en casos en que la fecha de vencimiento no se había alcanzado. La escuela de la aldea Chichipac, Rabinal, Alta Verapaz se convirtió en un caso emblemático pues reporto la entrega de leche no apta para consumo humano en agosto de 2005, julio de 2006 y nuevamente en abril de 2007. Por otra parte, el MAGA informó que estaba distribuyendo leche sometida al proceso UTH, que la vuelve inocua y resistente a largos períodos de almacenamiento a temperatura ambiente. Además, casos como intolerancia a la lactosa pueden ser confundidos con consumo de alimentos caducos. Sin duda, estos reportes deben ser estudiados cuidadosamente y los resultados deben darse a conocer al público.
Lo que queda claro es que el éxito del PVLE como apoyo al sistema educativo es innegable, aunque sucumbió en términos de impacto nutricional, tanto por efecto neto del consumo de leche (sobre los indicadores de desnutrición) como en focalización (distribución en los lugares con mayor desnutrición crónica).
No se dispone de información para realizar un análisis económico del PVLE, aunque es evidente por lo ya expuesto que a pesar de evaluaciones positivas, el impacto social no está optimizado. Por otra parte, no se realizó una línea basal (medición de la desnutrición infantil en las escuelas beneficiarias al inicio y cierre del ciclo escolar) que permitiría un análisis más preciso. Sin duda, este último aspecto debe ser corregido cuanto antes.
Todos los puntos anteriores fundamentan las siguientes conclusiones del autor:
1. El debate vaso de leche versus incaparina es incorrecto. Peor aun es discutir si conviene más beneficiar a los “lecheros” o al grupo industrial que produce la incaparina. Esto reduce el debate a una pugna entre dos sectores de la economía, con el gobierno como árbitro. Este debate, además, deja fuera a actores importantes: las organizaciones de Derechos Humanos (está en juego el derecho a la vida, el derecho a una alimentación adecuada, y otros derechos económicos y sociales), los beneficiarios (es parte de los derechos a una alimentación adecuada el que se respeten las preferencias de la población en cuanto a alimentación), los gobiernos locales, las instituciones tutelares de la seguridad alimentaria y nutricional, alguna instancia de auditoría social y quizá algún posible donante invitado.
2. Toda la discusión debe darse en el marco de un programa del tipo escuelas saludables, redefiniendo a los beneficiarios según otros indicadores de desnutrición infantil. El debate frente a los medios de comunicación en términos de combate a la desnutrición infantil no es objetivo, mientras que sí lo sería hablar de objetivos en el sector educación, ampliado a salud y medio ambiente bajo el marco de las escuelas saludables.
3. El producto seleccionado debe ser el que mejor responda a criterios más amplios: costo/beneficio; contribución a un enfoque integral; capacidad real de alcanzar a los beneficiarios y aporte nutricional según las necesidades de los mismos (ha quedado demostrado que geográficamente no son las mismas).
4. Con todo y esto, el Estado seguiría en deuda con la infancia menor de 3 años y no se estarían dando pasos certeros hacia el mejoramiento del capital humano de la nación.
Si no establecemos objetivos apropiados y medios idóneos, estamos dando la espalda a las necesidades de la niñez desnutrida.
El somero análisis que se presenta a continuación busca encauzar la discusión hacia la seguridad alimentaria nutricional, y aportar nuevos elementos para la discusión pública e institucional del asunto.
Parece muy sencillo responder a la pregunta: ¿para qué sirve el PVLE? Sobre esto se ha dicho mucho, y según los recientes argumentos recogidos de los medios de comunicación la respuesta es: para reducir la desnutrición de la niñez guatemalteca. Esto es una simplificación errónea y peligrosa.
Para entender mejor el asunto, se analizan a continuación las siguientes vertientes:
a) los programas de alimentación escolar,
b) la desnutrición infantil,
c) la reactivación del sector lechero nacional, y
d) el PVLE.
Los programas de alimentación escolar buscan mitigar el impacto de la desnutrición en escolares de nivel pre-primario y primario, lo que técnicamente presenta dificultades en términos de reducción de la desnutrición. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha impulsado un concepto amplio, integrado y adecuado a la realidad de países como Guatemala: Escuelas Saludables. El enfoque va más allá de brindar alimentos e incluye los propósitos del PLVE: reducir la desnutrición infantil; aumentar la asistencia escolar; disminuir la repitencia y aumentar el rendimiento. El enfoque Escuelas Saludables se extiende a:
ser complementario a los servicios de salud del Estado y Organizaciones Privadas para el Desarrollo (OPD);
promover la participación comunitaria, particularmente de las familias;
aprovechar el rol de los niños como agentes multiplicadores de conocimiento en sus hogares (las buenas prácticas de alimentación, nutrición y saneamiento que aprenden en la escuela pueden ser trasladadas el hogar);
mejorar las condiciones ambientales en las escuelas (¿cuántas de ellas disponen de agua saludable, servicios sanitarios adecuados y en general, condiciones ambientales apropiadas para el aprendizaje de la niñez?);
promover la autosuficiencia (a través de programas como los huertos escolares).
Lo anterior justifica al enfoque Escuela Saludable como el marco para los programas de alimentación escolar, incluyendo el PLVE o cualquier sustituto. El tema de la participación comunitaria nos lleva irremediablemente a pensar en el PRONADE, y la fórmula que gobierno y maestros están constitucionalmente obligados a proponer para incorporar este elemento (claramente del dominio del Derecho a la Alimentación Adecuada).
La desnutrición infantil es un tema en el que Guatemala presenta niveles vergonzosos e inexcusables. Es necesario aclarar que existen diversos tipos de desnutrición infantil, entre ellos: la desnutrición aguda o actual (medida por el indicador peso dividido por talla, o P/T) que causa la muerte si no se atiende rápidamente; y la desnutrición crónica (medida por el indicador talla-edad o T/E), que significa en el caso de escolares que durante la etapa entre el embarazo y los tres años de edad sufrieron daño biológico en cuanto a desarrollo físico (talla) y síquico o neurofísico (que podría medirse con el coeficiente intelectual o IQ) .
El daño causado por la desnutrición crónica es irreparable, y se arrastra por el resto de la vida sin importar cambios positivos de alimentación después de los tres años. Esta desnutrición produce, entre otras cosas, ciudadanos con capacidad disminuida para aprender. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la desnutrición crónica representa “los efectos acumulados a largo plazo de la alimentación inadecuada y las malas condiciones sanitarias, debidas a falta de higiene y a enfermedades habituales en ambientes pobres e insalubres.” Eso refuerza la utilización del enfoque escuelas saludables en vez de simplemente la distribución de alimentos de alto valor nutricional.
La desnutrición global (indicador peso para talla o P/T) reúne los dos indicadores anteriores: desnutrición pasada (crónica) y desnutrición actual (aguda). Los tres indicadores se comparan contra tablas estandarizadas que indican los valores aceptables y los grados de desnutrición.
El PVLE se diseñó basado en un indicador compuesto (indicador de vulnerabilidad, según la memoria de labores del VISAN 2004-2007). No se indica la composición del indicador compuesto, aunque se sabe que lleva un peso muy alto la desnutrición crónica. Esto presenta un claro problema: no se está atacando la desnutrición más peligrosa para la vida del niño, y por lo tanto solo contribuirá a disminuir la desnutrición de aquellos escolares que padezcan de desnutrición aguda al momento de cursar sus estudios pre-primarios y primarios.
Por supuesto que nadie en su sano juicio se opondría a alimentar a los escolares. Sin embargo es necesario tener muy claro que no se pueden esperar modificaciones en las altas tasas de desnutrición crónica pues la edad crítica para ello, como ya se indicó, es entre la gestación y los tres años de edad.
Se cuenta con dos indicadores de desnutrición crónica: aquella en escolares de primer año de primaria (censo escolar de 2002) y la de menores de cinco años (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI). Como ya dijimos, la edad crítica para evitar la desnutrición crónica es entre la gestación y los tres años, sin olvidar a las embarazadas desnutridas. Sin embargo, los registros de desnutrición crónica en menores de tres años no existen, no son públicos o no son estadísticamente representativos. En el caso el PLVE, la desnutrición crónica se estaría utilizando como un indicador del tipo Proxy (ej: ante la imposibilidad de realizar un censo de población en Afganistán, se utilizaron imágenes satelitales nocturnas, se calculó el número de puntos de luz y se multiplicó por el número de miembros de una familia típica). En otras palabras, el PLVE no nos está llevando a los niños que padecen desnutrición aguda, lo que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo viola el derecho a la alimentación adecuada sino también el derecho a la vida de esos niños.
Si además de lo anterior los programas de alimentación ni siquiera se enfocan en los municipios con mayores índices de vulnerabilidad como indicador compuesto, según lo comprueba una reciente publicación del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), las perspectivas de tener impacto nutricional se minimizan drásticamente.
En síntesis, el PLVE no es ni se debe confundir con un programa para la reducción de la desnutrición infantil.
La reactivación del sector lechero nacional es un objetivo estratégico para la seguridad alimentaria. Según reportes de la FAO, de todos los productos alimenticios (“commodities”) que sufrieron alzas importantes de precio en los mercados alimentarios durante el último año, la leche tiene el primer lugar, en el orden del 80%. Para el país es importante disponer de una adecuada producción interna de leche y sus derivados; para el consumidor es importante disponer de un producto competitivo que le dé más opciones de selección; y para la cadena de leche es importante que se le brinden las facilidades necesarias para el desarrollo sostenible del sector (para ilustración: la cadena de compone por productores de granos para concentrado, importadores de grano e insumos, industria de concentrado, veterinarios y farmacéuticos, criadores y mejoradores de raza, criadores de ganado para propósitos lecheros y cárnicos, industriales de lácteos, trabajadores de la cadena fría, transportistas y agentes de la cadena de comercialización etc.). Todos los guatemaltecos tienen derechos económicos y sociales, en los que se incluye la libertad para desarrollarse en actividades económicas, más aun cuando se trata de asuntos estratégicos para la seguridad alimentaria. Es decir, el interés del sector lechero es legítimo.
Por lo anterior, como una medida estratégica y buscando un gana-gana nace en 2004 el PVLE como una iniciativa de la Cámara de Productores de Leche, la Gremial de Lácteos y Helados, la Cámara de Comercio y el MAGA. Luego se sumaría el Ministerio de Educación.
Desafortunadamente, la reactivación del sector lechero nacional -violentamente desarticulado en los años 80 por falta de políticas adecuadas- no es cuestión de dos o tres años, aunque los reportes de la propia Cámara de Productores de Leche llaman al optimismo (su boletín abril-mayo de 2008 reporta una producción de 650,000 litros para 2003 y un millón de litros para 2007) . Sin dudas, aunque la demanda para el PVLE constituya apenas el 5% del volumen de producción nacional según se reportó recientemente en un medio escrito, ha de causar mucho desasosiego entre los proveedores de la materia prima saber que cada año hay que sentarse a negociar. Esto es contraproducente para todos.
Es responsabilidad del gobierno y del sector privado sentarse a discutir políticas adecuadas para reactivar, fortalecer y permitir el crecimiento sostenido del sector. Eso sí, ello no debe significar privilegios especiales o medidas que afecten a otros sectores.
El Programa del vaso de Leche Escolar llegó al campo en el año 2005 y se extiende hasta junio de 2008. Según la oficina de comunicación social del MAGA (boletín 50 del 26 de septiembre de 2007), los datos básicos son:
Año Escolares Municipios Departamentos Costo Millones Q Costo unitario Q
2005 165,000 32 4 32 1.30
2006 400,000 87 10 106 1.78
2007 440,000 111 16 112 1.71
Nota: el costo unitario se basa en una distribución efectiva de 149 días al año.
Evaluaciones internas tanto del MAGA como del sector lechero, y otra encomendada a una ONG reportan resultados muy positivos en términos de mejorar la permanencia, asistencia y rendimiento escolar, y no hay razones para dudar de ello. Además, la capacidad del MAGA para movilizar recursos hacia el PVLE es impresionante, así como la tasa de ampliación de cobertura.
Por otra parte, de los 111 municipios atendidos en 2007, solo 23 corresponden al mapa de alta desnutrición crónica en escolares. Esto significa que el programa ni hace aportes nutricionales significativos (para disminuir los índices de desnutrición infantil crónica y aguda) ni llega a los municipios prioritarios. Esto último, debe decirse, puede no ser culpa del programa mismo, sino del clientelismo político (qué Presidente no cae en la tentación de decir, ante una entusiasmada multitud: “les prometo que mañana mismo mandaré repartir leche a los niños en todas las escuelas de este municipio”, aunque después un asesor le diga: “Presidente, este municipio no era prioritario…”).
Los medios de comunicación reportaron durante los pasados tres años que la leche que fue entregada a algunas escuelas no era apta para el consumo humano, aun en casos en que la fecha de vencimiento no se había alcanzado. La escuela de la aldea Chichipac, Rabinal, Alta Verapaz se convirtió en un caso emblemático pues reporto la entrega de leche no apta para consumo humano en agosto de 2005, julio de 2006 y nuevamente en abril de 2007. Por otra parte, el MAGA informó que estaba distribuyendo leche sometida al proceso UTH, que la vuelve inocua y resistente a largos períodos de almacenamiento a temperatura ambiente. Además, casos como intolerancia a la lactosa pueden ser confundidos con consumo de alimentos caducos. Sin duda, estos reportes deben ser estudiados cuidadosamente y los resultados deben darse a conocer al público.
Lo que queda claro es que el éxito del PVLE como apoyo al sistema educativo es innegable, aunque sucumbió en términos de impacto nutricional, tanto por efecto neto del consumo de leche (sobre los indicadores de desnutrición) como en focalización (distribución en los lugares con mayor desnutrición crónica).
No se dispone de información para realizar un análisis económico del PVLE, aunque es evidente por lo ya expuesto que a pesar de evaluaciones positivas, el impacto social no está optimizado. Por otra parte, no se realizó una línea basal (medición de la desnutrición infantil en las escuelas beneficiarias al inicio y cierre del ciclo escolar) que permitiría un análisis más preciso. Sin duda, este último aspecto debe ser corregido cuanto antes.
Todos los puntos anteriores fundamentan las siguientes conclusiones del autor:
1. El debate vaso de leche versus incaparina es incorrecto. Peor aun es discutir si conviene más beneficiar a los “lecheros” o al grupo industrial que produce la incaparina. Esto reduce el debate a una pugna entre dos sectores de la economía, con el gobierno como árbitro. Este debate, además, deja fuera a actores importantes: las organizaciones de Derechos Humanos (está en juego el derecho a la vida, el derecho a una alimentación adecuada, y otros derechos económicos y sociales), los beneficiarios (es parte de los derechos a una alimentación adecuada el que se respeten las preferencias de la población en cuanto a alimentación), los gobiernos locales, las instituciones tutelares de la seguridad alimentaria y nutricional, alguna instancia de auditoría social y quizá algún posible donante invitado.
2. Toda la discusión debe darse en el marco de un programa del tipo escuelas saludables, redefiniendo a los beneficiarios según otros indicadores de desnutrición infantil. El debate frente a los medios de comunicación en términos de combate a la desnutrición infantil no es objetivo, mientras que sí lo sería hablar de objetivos en el sector educación, ampliado a salud y medio ambiente bajo el marco de las escuelas saludables.
3. El producto seleccionado debe ser el que mejor responda a criterios más amplios: costo/beneficio; contribución a un enfoque integral; capacidad real de alcanzar a los beneficiarios y aporte nutricional según las necesidades de los mismos (ha quedado demostrado que geográficamente no son las mismas).
4. Con todo y esto, el Estado seguiría en deuda con la infancia menor de 3 años y no se estarían dando pasos certeros hacia el mejoramiento del capital humano de la nación.
Si no establecemos objetivos apropiados y medios idóneos, estamos dando la espalda a las necesidades de la niñez desnutrida.
Thursday, March 6, 2008
Sobre Colombia, sus vecinos y sus aliados: No se vale...
No se vale … que un país incursione tropas en otro para defender un principio de Soberanía;
No se vale …rasgarse las vestiduras al hablar de Soberanía pero no respetar la del vecino.
No se vale … permitir la presencia en territorio nacional de tropas que luchan por derrocar un gobierno vecino.
No se vale …apoyar política y/o financieramente un movimiento para derrocar el gobierno de un país vecino.
No se vale …actuar “por mis pistolas”, es decir, sin utilizar el ordenamiento jurídico internacional para castigar a un país que esté actuando mal según mi visión política.
No se vale … hablar de integración Latinoamericana a través de tambores de guerra.
No se vale … financiar una guerra de liberación nacional obteniendo financiamiento de cárteles criminales internacionales.
No se vale … pelear contra la tiranía con dinero que corrompe todas las capas sociales de países que llamamos hermanos.
No se vale … enseñar la guerra a los niños, por muy justa que consideremos sus causas.
No se vale … firmar cheques de paz o liberación con sangre o libertad ajena.
No se vale … pelear guerras por control remoto para exportar paz y democracia.
No se vale … recurrir a la retórica escandalosa en momentos en que debe imperar la prudencia, el análisis autocrítico y las salidas constructivas.
No se vale …jugar con cosas que no tienen repuesto ni garantía.
Señoras y señores, simplemente no se vale.
No se vale …rasgarse las vestiduras al hablar de Soberanía pero no respetar la del vecino.
No se vale … permitir la presencia en territorio nacional de tropas que luchan por derrocar un gobierno vecino.
No se vale …apoyar política y/o financieramente un movimiento para derrocar el gobierno de un país vecino.
No se vale …actuar “por mis pistolas”, es decir, sin utilizar el ordenamiento jurídico internacional para castigar a un país que esté actuando mal según mi visión política.
No se vale … hablar de integración Latinoamericana a través de tambores de guerra.
No se vale … financiar una guerra de liberación nacional obteniendo financiamiento de cárteles criminales internacionales.
No se vale … pelear contra la tiranía con dinero que corrompe todas las capas sociales de países que llamamos hermanos.
No se vale … enseñar la guerra a los niños, por muy justa que consideremos sus causas.
No se vale … firmar cheques de paz o liberación con sangre o libertad ajena.
No se vale … pelear guerras por control remoto para exportar paz y democracia.
No se vale … recurrir a la retórica escandalosa en momentos en que debe imperar la prudencia, el análisis autocrítico y las salidas constructivas.
No se vale …jugar con cosas que no tienen repuesto ni garantía.
Señoras y señores, simplemente no se vale.
Tuesday, February 19, 2008
Infelices motociclistas
Los motociclistas son considerados una plaga de las calles, y la cantidad de percances que sufren o provocan es de altos índices. Al compartir mi reciente experiencia quisiera modificar algunas actitudes en las autoridades y el público.
Durante mis años universitarios me transporté en motocicleta, hasta que me fue robada por un policía. Pero esa es otra historia.
Veinte años más tarde, decidí comprar una motocicleta recreativa, y aquí principia la tragicomedia. En la Policía Nacional me indicaron que los registros anteriores de motoristas eran manuales y no fueron digitalizados en su totalidad. Para comodidad de las autoridades, debía sacar primera licencia. Me dirigí a la academia Best de Ciudad San Cristóbal. Según el encargado, la licencia costaba Q900.00 y ellos hacían todo. Le dije que yo deseaba hacer los exámenes, así que el costo debía ser menor. Respondió que la única posibilidad era el pago de Q900.00.
Siempre me he opuesto a ser cómplice de la corrupción, así que busqué otro sitio que me practicara los exámenes y extendiera el certificado. En la academia Flores de la zona 7 me indicaron que podía hacer la prueba previo pago de un curso de manejo defensivo. Yo poseo una certificación internacional de manejo defensivo pero para expeditar la licencia me presenté.
Este es un curso interactivo por computadora, sin instructor de carne y hueso. Se reciben indicaciones básicas sobre manejo defensivo (cosa muy positiva) aunque el curso es traducción del preparado para los conductores en los Estados Unidos, así que tuve que aprender cómo reaccionar en tormentas de nieve y otras cosas ajenas a la realidad guatemalteca. Me parece llanamente mercantilista que las academias no lo actualicen a las condiciones de Guatemala.
Además de no haber visto nada sobre manejo defensivo para motociclistas, al finalizar el curso me indicaron que “el compañero que hace los exámenes prácticos de motocicleta no se encuentra, así que como dice que ya maneja, le daremos por aprobada la prueba”.
Que no extrañe entonces que los motociclistas tengan tantos accidentes.
Lector: la próxima vez que desee lanzar sapos y culebras a un motociclista, mejor piense que se trata de una víctima más del sistema corrupto y del poco interés de las autoridades correspondientes.
Durante mis años universitarios me transporté en motocicleta, hasta que me fue robada por un policía. Pero esa es otra historia.
Veinte años más tarde, decidí comprar una motocicleta recreativa, y aquí principia la tragicomedia. En la Policía Nacional me indicaron que los registros anteriores de motoristas eran manuales y no fueron digitalizados en su totalidad. Para comodidad de las autoridades, debía sacar primera licencia. Me dirigí a la academia Best de Ciudad San Cristóbal. Según el encargado, la licencia costaba Q900.00 y ellos hacían todo. Le dije que yo deseaba hacer los exámenes, así que el costo debía ser menor. Respondió que la única posibilidad era el pago de Q900.00.
Siempre me he opuesto a ser cómplice de la corrupción, así que busqué otro sitio que me practicara los exámenes y extendiera el certificado. En la academia Flores de la zona 7 me indicaron que podía hacer la prueba previo pago de un curso de manejo defensivo. Yo poseo una certificación internacional de manejo defensivo pero para expeditar la licencia me presenté.
Este es un curso interactivo por computadora, sin instructor de carne y hueso. Se reciben indicaciones básicas sobre manejo defensivo (cosa muy positiva) aunque el curso es traducción del preparado para los conductores en los Estados Unidos, así que tuve que aprender cómo reaccionar en tormentas de nieve y otras cosas ajenas a la realidad guatemalteca. Me parece llanamente mercantilista que las academias no lo actualicen a las condiciones de Guatemala.
Además de no haber visto nada sobre manejo defensivo para motociclistas, al finalizar el curso me indicaron que “el compañero que hace los exámenes prácticos de motocicleta no se encuentra, así que como dice que ya maneja, le daremos por aprobada la prueba”.
Que no extrañe entonces que los motociclistas tengan tantos accidentes.
Lector: la próxima vez que desee lanzar sapos y culebras a un motociclista, mejor piense que se trata de una víctima más del sistema corrupto y del poco interés de las autoridades correspondientes.
¿Es Guatemala un Estado fallido?
Es recurrente que en los medios de comunicación nacionales se refieran a Guatemala como Estado fallido, dicho siempre con base en apreciaciones subjetivas e indicadores no medibles, lo que deja el tema como de pura opinión, no siempre libre de polvo y paja.
La institución internacional de investigación Fondo para la Paz y la revista Foreign Policy han propuesto criterios de alcance global para calificar la estabilidad y viabilidad del Estado. Algunos de esos criterios son: corrupción rampante; élites depredadoras que monopolizan el poder (secuestran el gobierno, agrego); ausencia de Estado de Derecho, divisiones étnicas y/o religiosas, violencia y vulnerabilidad ambiental.
Otras características son la falta de control sobre el territorio, monopolio del uso de la fuerza, erosión de la autoridad legítima de los organismos del Estado, incapacidad de brindar servicios mínimos a la población y problemas para relacionarse constructivamente con los países vecinos.
Según los proponentes en un Estado fallido las reformas que se necesitan son muchas y las que se proponen muy pocas. La ayuda internacional y los propios recursos del Estado son malgastados, y las sociedades viven crisis de inseguridad. Esto aleja la ayuda internacional (para no mencionar la inversión interna y externa), pues para que ésta sea efectiva los gobiernos deben funcionar.
Estos países, además, manifiestan extrema vulnerabilidad ante fenómenos naturales adversos, conflictos internos y altos índices de privación económica para la población.
Por tres años consecutivos las organizaciones mencionadas han aplicado un sistema de clasificación con base en la valoración de 12 variables socioeconómicas, políticas y ambientales. Cada variable tiene un valor de 10 puntos, donde 0 significa la mejor calificación y 10 la máxima vulnerabilidad. Entre las variables tenemos: corrupción extendida, comportamiento criminal, incapacidad para recaudar impuestos, falta de apoyo popular, inseguridad institucional y deterioro ambiental. El indicador compuesto se construye con estadísticas nacionales sobre las 12 variables.
El informe de 2007 (http://www.foreignpolicy.com/story) incluye a los 177 países con mayores dificultades. De la calificación máxima de 120 puntos, el primer país, Sudan, tiene 113.7 y Colombia es el país 33 con 89.7. Guatemala es el único país centroamericano en la lista de riesgo, ocupando el número 60 con 81.4 puntos. No es posible hacer seguimiento de su posición en los dos años precedentes pues la cantidad de países estudiados ha ido en aumento.
Lo anterior permite a los guatemaltecos vernos en el espejo del mundo. Nos hace ver, además, que en términos geopolíticos el país puede verse como una amenaza para los otros países centroamericanos, situados fuera del área llamada “de riesgo”.
Existe debate sobre considerar al país Estado fallido. Ello no debe distraer la atención de lo mal que está el país comparado con países de similares condiciones y problemas. Es necesaria la autocrítica y el diálogo respetuoso para encontrar maneras de mejorar la situación, pero esto no se dará sin un extraordinario esfuerzo colectivo. Si hacemos las cosas de la misma manera, los resultados tienen que ser los mismos, dijo más o menos Albert Einstein.
La institución internacional de investigación Fondo para la Paz y la revista Foreign Policy han propuesto criterios de alcance global para calificar la estabilidad y viabilidad del Estado. Algunos de esos criterios son: corrupción rampante; élites depredadoras que monopolizan el poder (secuestran el gobierno, agrego); ausencia de Estado de Derecho, divisiones étnicas y/o religiosas, violencia y vulnerabilidad ambiental.
Otras características son la falta de control sobre el territorio, monopolio del uso de la fuerza, erosión de la autoridad legítima de los organismos del Estado, incapacidad de brindar servicios mínimos a la población y problemas para relacionarse constructivamente con los países vecinos.
Según los proponentes en un Estado fallido las reformas que se necesitan son muchas y las que se proponen muy pocas. La ayuda internacional y los propios recursos del Estado son malgastados, y las sociedades viven crisis de inseguridad. Esto aleja la ayuda internacional (para no mencionar la inversión interna y externa), pues para que ésta sea efectiva los gobiernos deben funcionar.
Estos países, además, manifiestan extrema vulnerabilidad ante fenómenos naturales adversos, conflictos internos y altos índices de privación económica para la población.
Por tres años consecutivos las organizaciones mencionadas han aplicado un sistema de clasificación con base en la valoración de 12 variables socioeconómicas, políticas y ambientales. Cada variable tiene un valor de 10 puntos, donde 0 significa la mejor calificación y 10 la máxima vulnerabilidad. Entre las variables tenemos: corrupción extendida, comportamiento criminal, incapacidad para recaudar impuestos, falta de apoyo popular, inseguridad institucional y deterioro ambiental. El indicador compuesto se construye con estadísticas nacionales sobre las 12 variables.
El informe de 2007 (http://www.foreignpolicy.com/story) incluye a los 177 países con mayores dificultades. De la calificación máxima de 120 puntos, el primer país, Sudan, tiene 113.7 y Colombia es el país 33 con 89.7. Guatemala es el único país centroamericano en la lista de riesgo, ocupando el número 60 con 81.4 puntos. No es posible hacer seguimiento de su posición en los dos años precedentes pues la cantidad de países estudiados ha ido en aumento.
Lo anterior permite a los guatemaltecos vernos en el espejo del mundo. Nos hace ver, además, que en términos geopolíticos el país puede verse como una amenaza para los otros países centroamericanos, situados fuera del área llamada “de riesgo”.
Existe debate sobre considerar al país Estado fallido. Ello no debe distraer la atención de lo mal que está el país comparado con países de similares condiciones y problemas. Es necesaria la autocrítica y el diálogo respetuoso para encontrar maneras de mejorar la situación, pero esto no se dará sin un extraordinario esfuerzo colectivo. Si hacemos las cosas de la misma manera, los resultados tienen que ser los mismos, dijo más o menos Albert Einstein.
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